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  • Valoración de los bienes de una herencia anulada a la Administración.

     A la muerte del causante, se procede al reparto de la herencia entre sus hijos tal como fijó en el testamento otorgado.

     

    A uno de sus hijos, le dejó una serie de legados entre los que había bienes inmuebles.

     

    Dicho hijo, una vez aceptada la herencia, procedió a realizar una valoración de los bienes recibidos a fin de proceder al pago del impuesto de sucesiones y donaciones. En dicha valoración se incluían las reducciones que estimaba oportunas.

    Una vez hecho, lo presentó ante la Oficina Liquidadora de Barcelona.

     

    Tres años después, la Delegació de Tributs de Barcelona formuló liquidación por valores comprobados sin firma ni identificación del actuante, por un valor superior al presentado por el heredero.

    En el expediente tampoco constaba que se hubiese intentado una notificación de la propuesta de liquidación con trámite de audiencia. 

     

    Como el heredero no estaba de acuerdo con esta liquidación, presentó un recurso económico administrativo ante el Tribunal Económico Adminitrativo de Cataluña, en que pidió la impuganación por dos motivos:

     

    1.- Por nulidad de pleno derecho de la liquidación por la valoración de los bienes, al no haber seguido el cauce legal establecido provocando indefensión, dictándose una valoración de los bienes en su conjunto, sin concretar los bienes y la valoración individual de cada uno, ni habiéndose utilizado los medios de comprobación previstos en el artículo 52 de la Ley General Tributaria, además de que la Adminitración no justificó la no admisión de las reducciones declaradas.

     

    2.-  Prescripción del plazo para que la Administración liquidase la deuda tributaria, al haber sobrepasado los cuatro años.

     

    El Tribunal Económico Administrativo estimó la demanda y dió la razón al heredero.

     

    El abogado del Estado presentó recurso de casación alegando que la jurisprudencia no declaraba nulo un procedimiento por las causas presentadas por el demandante, sino causa de nulidad, por lo que el plazo de 4 años no se cumplía.

     

    El TS desestimó el recurso, diciendo que la jurisprudencia no se ha pronunciado como requería el Abogado del Estado, y declarando que la sentencia era correcta.

     

     

     

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